La víctima logró una prohibición de acercamiento contra su ex pareja en 2010 pero el Estado no la inscribió en el sistema hasta 2019 en el sistema de protección.
La Justicia de Mendoza falló a favor de una mujer, madre de dos niños, que no sólo fue víctima de violencia de género por su expareja sino que también sufrió la «ineficiencia» de instituciones que debieron protegerla. O al menos eso entendió el juez Juan Darío Penisse, quien obligó al Estado a indemnizarla por $10 millones.
El periplo por el sistema judicial de la víctima -cuya identidad se reserva- se inició hace más de una década. Puntualmente en el 2010 cuando solicitó una prohibición de acercamiento contra su ex novio por repetidos episodios de violencia física. Fue aceptada y otorgada pero no cumplida.
Por distintos motivos, principalmente por un problema de comunicación entre el Ministerio Público Fiscal, la Policía y el Poder Judicial la orden nunca se cargó en el sistema.
«Ella fue en infinidad de oportunidades a la comisaría de la plaza Godoy Cruz en esta década de sufrimiento y le decían que no estaba cargada en el sistema, entonces aseguraban que no podían intervenir», explicó Rodrigo Betancourt, que comparte estudio de abogados con Mariana Dumit, en diálogo con Diario UNO.
Después de siete años, el Estado le confirmó a la mujer que lograron inscribir la prohibición de acercamiento y que esta situación no debería volver a repetirse.
«En todo este tiempo la amenazaba, acosaba y le hacía seguimiento, personal y telefónico», continuó el letrado, sin antes asegurar que este accionar «de ningún modo representa el comportamiento global ni de los fiscales, ni de la Justicia ni de la Policía, sino de ciertos casos particulares».
La mujer víctima de violencia de género tuvo que refugiarse en otras provincias
Uno de los puntos valorados por Penisse a la hora de emitir su fallo, fue que la víctima prácticamente estuvo obligada a mudarse de provincia en provincia y cambiar su proyecto de vida por el «retardo del servicio estatal».
Primero se alojó en un albergue de Mar del Plata, luego paró en Córdoba y, en tercer lugar, intentó hacer su vida en Chile. Todo para evitar a su expareja que siempre encontraba la manera de contactarla de una u otra forma.
«Demandamos al Estado, y el juez condenó, por la falta de servicio para mi clienta, dentro del marco de la violencia de género institucional que ejerció el Estado, amparados en la ley de protección integral de la mujer», explicó.
«En este caso lo que no se cumplió fue el derecho a la protección de la víctima. Hubo mala comunicación lo que generó que nunca se cumplieran las órdenes de alejamiento», dijo.
Así, también, lo entendió el juez Penisse, del Tribunal de Gestión Civil Primero, quien en el fallo dejó en claro que «ha existido un retardo, una obstaculización, un impedimento, e inclusive, una falta de servicio Estatal” con respecto a la Ley 26.485 de “Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”.
El monto estará repartido entre la mujer y sus dos hijos
Betancourt aclaró que el monto de $10 millones es simbólico y sentará un antecedente en la Justicia. De acuerdo al fallo, la suma será repartida entre sus dos hijos, a quienes le corresponde $2,5 millones a cada uno y $5 millones para ella.
«Los jueces en estos casos suelen tener en cuenta la teoría de la escasez, aseguran que hay poca plata y que hay que cuidar el dinero del Estado. Con mi socia pedimos elevar el monto porque no consideramos que sea reparador para la víctima, pero sí es un fallo muy importante en casos de violencia de género«, concluyó.
(Fuente Diario Uno)
