La magistrada, que fue criticada desde la Casa Rosada por los incidentes frente al Congreso, señaló que tardaron “horas” en pasarle los datos de la última tanda de detenidos; “Nuestra Constitución habla del derecho a la protesta, debe garantizarse”, indicó.
La jueza Karina Andrade, cuestionada en las últimas horas por el Gobierno porque decidió liberar a 114 de las personas presas en la marcha de los jubilados, barras y militantes del miércoles pasado, justificó este viernes por la mañana la medida. Dijo la magistrada que desde el Gobierno no le enviaron ni siquiera “la información básica de la detención de esta gente” y, además, que priorizó derechos, como el de manifestarse libremente, que tiene aval constitucional.
“No se cumplía el procedimiento, es el ABC de las detenciones”, indicó Andrade en Radio Urbana Play sobre uno de los motivos por los cuales emitió una decisión de madrugada que dejó libres a 94 personas presas por la Policía de la Ciudad y a otras diez capturadas por las fuerzas federales, que estaban bajo la órbita de la Justicia porteña. Aclaró que no fue se trató de una “decisión trasnochada”.
“Hice esta priorización de derechos, eso remarqué y fue mi decisión. Acá hay algo que se debe garantizar a los adultos mayores, la libertad de expresión, un derecho constitucional. Ese era el contexto. Tenía el ejercicio de un derecho constitucional, no me fue traído un contexto delictivo. Y se empiezan a generar detenciones que no me son comunicadas y pasaron horas. Además, cuando se informó no teníamos ni los datos del lugar. A mí no me informaron armas, yo lo resalté”, marcó Andrade, que fue denostada desde la Casa Rosada. Incluso, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dijo que pedirá una investigación contra ella en el Consejo de la Magistratura de la Capital.
Por su parte, Andrade indicó que ahora la fiscalía tendrá a cargo la investigación sobre cada una de estas personas y que, en caso de que así lo consideren en base a las pruebas, podrán pedir nuevamente la detención en la causa. Mientras, insistió con que en ningún momento hubo algún aviso al Poder Judicial de que existía una sospecha previa de una situación delictiva orquestada con premeditación (como quiso marcar el Gobierno con respecto a la protesta) y que tampoco se pidió ninguna medida o allanamiento anterior a la marcha, sino que ella tenía notificado solo que iba a haber una manifestación.
“La sentencia dejó en claro el ABC de la detención de una persona en el país. Mi argumento fue estrictamente jurídico, apegado a la Constitución. Se tiene que entender que es una obligación para los jueces de turno tomar decisiones, que resolvemos con los elementos que tenemos en el momento, que debemos resolver y que podemos y debemos diferenciar la necesidad de una respuesta rápida conforme a la Constitución, de la expectativa lícita y que tiene el Estado de investigar la comisión de hechos delictivos”, planteó.
Dijo, entonces, que ella debía obrar sobre personas que necesitaban una “respuesta rápida” y ponderar los derechos a preservar. “Los datos para la comunicación de una detención son nombre de la persona, DNI, lugar donde estuvo, intersección, [tiene que ser] exacto, el oficial y la fuerza que interviene. Y yo siempre pido que en el delito de desobediencia que se haga un sucinto de los hechos”, enumeró sobre condiciones que -dijo- no le proveyeron. “Llegó un momento en que la información era ‘misma situación’, ’mismo lugar’, todos los delitos eran artículos 237, 238 y 239″, se quejó y alegó que de esa forma no podía tener “un control de la detención” en un contexto en donde se había anunciado una “manifestación de personas adultas mayores que vienen ocurriendo en la Ciudad desde el año pasado”.
“Tienen que cumplir los requisitos mínimos de información al juez y, otra cosa, fue que tenía un pedido de la defensa, no es que lo hice de oficio, más allá de que yo venía viendo una gran diferencia entre los detenidos que se anunciaban públicamente y los que a mí me estaban informando. Hay una obligación básica de informarle al juez de la causa la detención y tardaron horas. No con los primeros, pero después se comunicaron como 80 personas juntas, 60, no me acuerdo el número”, comentó.
Indicó también Andrade que como ella pertenece al sistema acusatorio su función es “controlar los requisitos de detención”, en un contexto de “ponderación de derechos”, y que por eso actuó de esa forma. “Esa es la situación. Nuestra Constitución habla del derecho a la protesta, debe garantizarse. Frente a una situación donde se anuncia desde un grupo de la sociedad una manifestación, debe estar garantizado que nadie cometa delitos en ese contexto, debe estar garantizado que alguien pueda manifestarse libremente. Y la persona que cometa delitos es detenida”, expresó.
La jueza también defendió su carrera ante los ataques que no solo recibió desde el Gobierno sino también desde las cuentas de X pro-libertarias. “Está mi audiencia pública, expresé toda mi trayectoria, de dónde vengo. Soy una persona técnica, más allá de los lugares que pude ocupar por estar dentro del Poder Judicial. Cuando se dicen esas cosas se desprestigia al Consejo de la Magistratura, que nombra jueces y juezas. Creo que es una forma de manifestar una disconformidad [del Gobierno con la decisión que ella tomó]”, dijo.
Minutos después, desde el Ministerio de Seguridad nacional presentaron una denuncia por sedición, atentado al orden constitucional y la vida democrática, y asociación ilícita agravada por lo que ocurrió en el exterior del Congreso. En el segundo punto de los pedidos que hicieron desde la cartera de Bullrich a la Justicia requirieron la “declaración de incompetencia por ‘inhibición’” a Andrade.
(Fuente La Nación)