El Gobierno espera lanzar la licitación por el 51% de las acciones antes de que termine 2025 y adjudicarla en 2026. El remanente que le quede al Estado cotizará en la Bolsa a finales del año que viene. Los cambios en el marco regulatorio
El Gobierno de Javier Milei espera lanzar antes de fin de año una licitación pública nacional e internacional por al menos el 51% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA), con el objetivo de que en menos de un año el servicio pase a ser controlado por un privado. El remanente del paquete accionario que quede en manos del Estado, que es dueño del 90% de la compañía, será subastado en la Bolsa también en 2026.
Para despertar el interés de empresas o consorcios la intención oficial es realizar modificaciones en el marco regulatoria de la concesión que tiene Aysa en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con propuestas entre las que se encuentran que la nueva concesionaria pueda proceder al corte de servicio a residenciales que presenten atrasos de pagos, ajustes trimestrales de tarifas en base a inflación y que las obras sean financiadas por los usuarios en sus boletas finales.
Actualmente, la restricción del servicio, según el Artículo 81 del Marco Regulatorio aprobado por la Ley 26.221, procederá solamente en caso de mora de los Usuarios Residenciales que hayan incurrido en la falta de pago de las facturas por dos períodos consecutivos de facturación. Previamente la Concesionaria deberá haber remitido una intimación de pago fehaciente con 15 días de anticipación. Ese protocolo seguirá vigente antes de las eventuales restricciones de los hogares en caso de que avance la propuesta.
Esos cambios representan un fuerte contraste contra el modelo aplicado desde la estatización de la empresa en 2006, en busca de garantizar una ecuación económica favorable. Actualmente, los hogares sólo pueden sufrir restricciones parciales de servicio cuando adeuden 2 períodos consecutivos de facturación, las tarifas se actualizan mensualmente por determinación arbitraria del Ministerio de Economía y las obras fueron financiadas en los últimos años por el Tesoro, a partir de préstamos con organismos multilaterales o transferencias directas, o por inversiones de capital de la empresa.
El Estado posee el 90% de las acciones de la empresa y el 10% restante pertenece a los empleados. El Gobierno espera lanzar antes de que termine el año una Licitación Pública Nacional e Internacional (LPNI) por el 51% del paquete accionario “para incorporar un operador estratégico con experiencia y capacidad técnica” y ese proceso se llevará adelante en los próximos 330 días, según el cronograma estimado que anticiparon las fuentes.
En la empresa señalaron que ya comenzaron a realizar roadshows con la ayuda de la Corporación Financiera Internacional (CFI), del Banco Mundial, para tantear el interés de inversores. También mencionaron que varias empresas que participan de licitaciones en Brasil, y que no se adjudiquen ningún proyecto en ese país, estarían dispuestas a “jugarse una ficha” por Aysa.
La venta de al menos el 51% de las acciones implica que la concesión del servicio pasará a ser controlado por un privado, pero los activos seguirán perteneciendo al Estado y volverán a sus manos una vez que termine el contrato de la concesionaria, período que todavía no fue definido. En despachos oficiales no descartan que se permita competir a consorcios de empresas, por la complejidad de la administración y por la necesidad de nuevas obras frente a un déficit estructural de la red. Las fuentes consultadas no dieron precisiones sobre cuánto dinero esperan por la venta de las acciones.
El siguiente paso, previsto para completarse dentro de los 90 días posteriores a la finalización de la LPNI, será el de la Oferta Pública Inicial (IPO, por su sigla en inglés) del remanente de las acciones en manos del Estado. Es decir que, por ejemplo, si el Estado licita el 51% del paquete, el 39% restante flotará en la Bolsa.
Aysa presta servicio de agua potable y de tratamiento de desagües cloacales en CABA y en 26 partidos del conurbano bonaerense. Abastece a más de 11 millones de personas con agua potable y a más de 9 millones de personas con saneamiento, por lo que es la segunda más grande de América Latina. Actualmente cuenta con unos 6.200 empleados, según datos del Indec, 20% menos que antes del inicio de la gestión Milei.
La compañía finalizó el año pasado con un superávit operativo de $48.288 millones -a precios constantes- el primero con esa condición desde 2007. La firma alcanzó ese resultado, principalmente, gracias al aumento del 317% en las tarifas de sus clientes durante 2024 y a los programas de regularización de las deudas. Desde que asumió Milei en diciembre de 2023 la tarifa de agua en el AMBA aumentó 362%, según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet).
El Gobierno señaló que desde su estatización en 2006 Aysa requirió aportes del Tesoro por el equivalente a USD 13.400 millones.
Problemas estructurales
AySA presta servicio a más de 11 millones de personas, pero enfrenta múltiples fallas estructurales que fueron detalladas por la empresa en un comunicado interno:
- Resultados magros en las Inversiones de infraestructura: A pesar de una inversión significativa en el período 2006-2023, no se logran los objetivos deseados.
- 28% de la red de agua y 50% de los afluentes está obsoleta.
- Solo 30,5% de conexiones sobre los 50 años de antigüedad.
- Pérdidas de agua: módulos elevadas medidas con micromedidores (la meta era 43,5%).
- Provisión irregular: más del 40% del agua producida se pierde o no se registra.
- Roturas en conexiones: 50% se produce en caños con menos de 6 años.
- Incumplimiento del servicio: Sólo el 21,8% abastece el servicio en el horario establecido.
- Red de agua No Contabilizada: Se mantiene por encima del 40%, muy por encima de los estándares internacionales.
- Gestión Financiera dependiente de subsidios estatales: Transferencias del Tesoro Nacional que alcanzaron aproximadamente USD 13,4 mil millones de 2006 a 2023. Esto representa el 51% del gasto del período y es el valor más elevado entre otras utilities.
- Alta Morosidad: La empresa, durante el octenio analizado, nunca cobró arriba del 88%.
- Costos Operativos elevados: Incremento del 80% en términos reales entre 2006 y 2023. Elevada erogación en eficiencia. Muy pocas ciudades cubren el 100% de costos con tarifas.
(Fuente Infobae)